21 Abr El PSOE apuesta por equiparar a los buceadores recreativos en el régimen especial de trabajadores del mar
La senadora por Tenerife, Olivia Delgado, asegura que las personas que practican el buceo recreativo deben ver equiparados sus derechos laborales a los del buceo profesional.
El PSOE apuesta por equiparar a los buceadores recreativos en el régimen especial de trabajadores del mar. La senadora por Tenerife, Olivia Delgado, ha defendido la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, celebrada este jueves 21 de abril, que las personas que practiquen el buceo recreativo puedan ver equiparados sus derechos laborales con aquellas que practican buceo profesional.
“Esta es una reivindicación del buceo recreativo que mantienen desde que en el año 2015 se les dejó fuera del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (RETMAR) cuando sí se incluyó a los y las buceadoras con titulación profesional en actividades industriales”, detalló Olivia Delgado durante su intervención. En este sentido, recordó que la disciplina de recreo está en contacto permanente con el medio marino en el desarrollo de su actividad.
“Los centros de buceo recreativo acreditados generan un número importante de puestos de trabajo tanto directos como indirectos y acogen a un número muy importante de buceadores que, a su vez, también generan ingresos”, concretó. Por ello, desde el PSOE “apostamos de manera decidida por el buceo recreativo como uno de los grandes atractivos de nuestra oferta turística, en regiones como Canarias donde destaca la riqueza y espectacularidad de los fondos submarinos del litoral, que se han convertido ya en todo un referente internacional para los amantes de esta disciplina”, además “el clima de Canarias permite practicar esta disciplina en cualquier época del año”, señaló Delgado.
La senadora socialista recordó que el Instituto Social de la Marina (ISM) encargó en 2015 la realización de los estudios pertinentes para esclarecer si el trabajo desarrollado por los buceadores deportivos y recreativos reúne los requisitos necesarios para proceder a su inclusión en el campo de aplicación del RETMAR. El estudio, que finalizó en septiembre de 2016, realiza un análisis de las diferencias e identidades de los colectivos de buceadores profesionales, buceadores deportivos y buceadores recreativos, en lo concerniente a la normativa en vigor, las titulaciones necesarias, los lugares de trabajo, el trabajo desempeñado, las condiciones de seguridad e higiene, la peligrosidad, la siniestralidad, las enfermedades profesionales, así como de la diferencia entre clubes deportivos y escuelas de buceo, entre otra serie de cuestiones.
El Dictamen Técnico Final recogido en el cuerpo del estudio recomienda la integración del colectivo de buceadores recreativos técnicos que realizan una actividad profesional a título lucrativo, pero no así los deportivos. Conforme a estas conclusiones y a la apuesta que se hace desde el PSOE por esta modalidad de buceo recreativo, se propuso una enmienda de adición en la tramitación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que tenía por objeto la modificación de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, en lo referente al campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar para incluir en el mismo a los buceadores recreativos que desarrollen su actividad en el ámbito empresarial, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, con una finalidad lucrativa y para mantener la exclusión de los buceadores deportivos.
Con esta propuesta se pretendía que la modificación quedara integrada en el texto legal regulador de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, evitando así la dispersión de la normativa. Al no prosperar la enmienda en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se han valorado distintas opciones en cuanto al modo de integrar a los buceadores recreativos en el citado RETMAR. Y es por ello que el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social en abril de 2019 consideró la necesidad de abordar su inclusión mediante una norma con rango legal.