27 Mar Alcaldesas y alcaldes socialistas exigen que el Cabildo asuma ya la nueva competencia en vivienda y piden que se beneficie a personas sin recursos
- El secretario general del PSOE de Tenerife, Pedro Martín, se ha reunido con una quincena de alcaldesas y alcaldes socialistas y con representantes en la oposición de los municipios, para analizar la crisis habitacional de la Isla. Martín ha explicado que el Grupo Socialista ha propuesto una partida de veinte millones en el presupuesto insular para promover desde ya vivienda protegida.
- La norma del Gobierno puede tener elementos favorables, como que los cabildos puedan construir viviendas protegidas o que facilite la terminación de edificios. No obstante, alerta de que el decreto no está orientado a personas con rentas bajas, a las que no da mecanismos para acceder a ellas, y no pone ningún freno a la especulación, ya que no limita la posibilidad de revender viviendas que se construyan con un fin social.
El presidente del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, se ha reunido con representantes socialistas de los 31 municipios de la Isla, entre ellos una quincena de alcaldesas y alcaldes para abordar la situación de “emergencia habitacional”, en la que apenas se encuentran alquileres asequibles, lo que no está negando oportunidades a la población, bloqueando soluciones a situaciones críticas, como el reciente desalojo masivo en Arona, y generando daños a los servicios públicos y a la economía de las zonas más tensionadas.
Además de los representantes municipales socialistas -entre ellos la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcaldesa de Candelaria, Mari Brito y la portavoz socialista de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Parlamento de Canarias, Patricia Hernández-, en el encuentro ha estado el portavoz en la Cámara regional y exconsejero de Obras Públicas del Gobierno, Sebastián Franquis.
Pedro Martín ha destacado como aspectos positivos del nuevo decreto el hecho de que otorgue a los cabildos competencias que no tenían, como la promoción de viviendas protegidas, y dar facilidades para terminar edificios sin acabar.
En este sentido, ha exigido al grupo de gobierno del Cabildo y a su presidenta, Rosa Dávila, que no espere más para asumir esas competencias, que no se encuentran reflejadas en los presupuestos de la corporación de 2024. Por ello, los socialistas han presentado una enmienda a las cuentas de este año que dota con veinte millones de euros la promoción de viviendas protegidas, con el objetivo de realizarlas de la mano de los municipios.
No obstante, el presidente del Grupo Socialista considera que el decreto no “está pensado para las personas más vulnerables y que disponen de rentas más bajas, a las que no se les facilita de ninguna forma el acceso a una vivienda, por mucho que se construya en Tenerife”.
El decreto no habla de favorecer la puesta en el mercado de miles de viviendas vacías que tenemos en Tenerife. Por otro lado, en todos los municipios de la Isla hay bolsas de suelo en las que se puede fabricar viviendas y que no se aprovechan.
“El Gobierno podría hacer mucho para impulsar vivienda pública en esos terrenos y reducir los trámites de las licencias. Sin embargo -ha explicado-, la alternativa del Gobierno es dejar esos suelos vacíos y permitir fabricar en suelos destinados a parques infantiles, polideportivos o de servicios públicos”.
Esta reunión se produce después de la aprobación del decreto ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, que ha modificado de manera sustancial el marco normativo en este ámbito y que, entre otras cuestiones, otorga a los cabildos competencias en la promoción de vivienda protegida con las que antes no contaba.
Ante este decreto, el Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha presentado la citada modificación de crédito para destinar 20 millones de euros a la construcción de vivienda protegida en la Isla. Todo ello en el presupuesto insular de 2024, en los que el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular no había incluido partidas para ello y en los que las políticas de vivienda contaban solo con cinco millones de euros en unas cuentas que ascienden a mil millones de euros.